La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible - Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Horizontes 2030 

La Igualdad en el Centro de Desarrollo Sostenible

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

El nuevo estilo de desarrollo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

A. Un cambio de época
B. El sesgo recesivo en la economía internacional: falta demanda y sobra liquidez
C. Un mundo más integrado, pero más desigual
D. “La mayor falla de mercado de todos los tiempos”
E. Un nuevo consenso mundial
F. Buen diseño, mala implementación
G. El nuevo estilo de desarrollo requiere de bienes públicos globales y políticas nacionales
H. La economía política dominante: dos mundos en contradicción
I. Hacia una nueva economía política Bibliografía

A. Un cambio de época
El mundo enfrenta hoy la necesidad de cambiar su estilo de desarrollo, que se ha vuelto insostenible. La pérdida de dinamismo y la inestabilidad del sistema económico, las desigualdades y tensiones causadas por la concentración de la riqueza y de los ingresos entre los países y dentro de ellos, y el riesgo de una crisis ambiental de grandes proporciones son factores cada vez más visibles y presentes en el debate público. Hay una búsqueda de un nuevo estilo de desarrollo y una nueva agenda de políticas cuya relevancia y urgencia han sido confirmadas por la evolución reciente de la economía internacional y, en particular, de la región.
    El actual estilo de desarrollo es el que aquí se designa como “estilo dominante” (y que en la literatura se denomina “business as usual” (BAU)). Aunque el término BAU se acuñó en el marco del análisis de los impactos del crecimiento sobre el medio ambiente, hoy tiene un significado más amplio. El concepto de estilo dominante trasciende lo ambiental e incluye la evolución de variables económicas y sociales clave en un contexto en que no hay cambios significativos en la intensidad y dirección de las políticas, y en que faltan bienes públicos globales para coordinar las acciones en los campos económico y ambiental1. Pese a que existen diferencias importantes entre países y que algunos han adoptado políticas en una dirección favorable, el estilo dominante muestra señales de agotamiento y amenaza el desarrollo de las generaciones futuras. En este capítulo, se discuten estos límites y los requisitos para su  superación.
    Al mismo tiempo, emerge en el sistema internacional un nuevo consenso en torno a un estilo de desarrollo que enfatiza el combate a la desigualdad y a la destrucción del medio ambiente. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados en septiembre de 2015 por las Naciones Unidas, expresan este consenso, que constituye un avance político y conceptual respecto de la agenda previa definida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Se trata de un avance en lo político, porque surgen de un debate amplio, en un contexto de multilateralismo democrático, en el que participaron activamente los gobiernos y diversos actores sociales, y porque en ellos se retoma el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas entre países, tanto en lo ambiental como en lo económico y social. Representan también un progreso en lo conceptual, porque abarcan una gama más amplia de temas en comparación con los contenidos más modestos propuestos en los ODM. La igualdad y el cuidado del ambiente son sus ejes principales, e incorporan temas como el derecho al empleo productivo, la transparencia y una nueva ecuación entre Estado, mercado y sociedad, que estaban ausentes en los   ODM.

---
1       En un documento preparado para el Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes sobre la Agenda para el Desarrollo Después de 2015 se señala que en un escenario de continuidad del modelo actual (business as usual (BAU)), muchos países se beneficiarán de nuevas oportunidades, pero otros no. El mundo experimentará divergencias, regiones cuya fragilidad se volverá endémica, un rápido cambio del medio ambiente a nivel planetario, una desigualdad de ingresos y un desempleo juvenil crecientes, el riesgo de una reducción de los estándares en materia de regulación y fiscal, y flujos de migración mal gestionados (SDSN, 2013).
---

    El cambio de época se traduce no solo en desequilibrios más profundos; también presenta elementos que podrían contribuir a aliviarlos. La acelerada emergencia y consolidación de nuevos paradigmas tecnológicos pone a disposición de la humanidad, como nunca antes, un poderoso instrumento para enfrentar los problemas que la afectan. Sin embargo, es necesario poner el potencial transformador de la revolución tecnológica en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas, 2015c), mediante políticas que generen los incentivos necesarios para reanimar la inversión encauzarla en la dirección del pleno empleo la sostenibilidad. El momento que atraviesa la economía mundial es oportuno para ello. La lentitud de su recuperación ha aumentado las demandas por un nuevo ciclo de inversiones y patrones más igualitarios de distribución del ingreso, con el objetivo de reanimar la demanda efectiva y reconducir la economía a un sendero de crecimiento y pleno empleo. Las tendencias al exceso de ahorro y al estancamiento secular del crecimiento y la inversión podrían corregirse mediante un ciclo de inversiones que posibilitara la transición desde el estilo dominante hacia patrones de producción y consumo menos contaminantes y más inclusivos.
    Se abren, entonces, espacios para un nuevo ciclo de inversiones que conduzcan a un cambio estructural progresivo, un nuevo impulso de destrucción creadora —para usar la expresión de Schumpeter— en que el proceso de destrucción se refiere a los viejos patrones tecnológicos, productivos, de consumo y de distribución del ingreso que ya no son sostenibles, o que son contradictorios con el marco normativo que la comunidad internacional aprobó en la Agenda 2030. Para ingresar en un nuevo ciclo expansivo son necesarios cambios institucionales de economía política importantes. Toda nueva onda schumpeteriana de “destrucción creadora” necesariamente redistribuye la riqueza, los ingresos y el poder político, por lo que demanda y promueve una nueva coalición de fuerzas sociales y políticas. Hay agendas en tensión en que los incentivos e intereses anclados en el actual estilo de desarrollo se oponen a los patrones deseables de transformación y retardan o impiden su emergencia. Así ocurrió con la agenda normativa de las Naciones Unidas de la década anterior. En el diseño de los Objetivos de Desarrollo del Milenio quedó la impronta de la tensión entre los intereses económicos dominantes y la agenda normativa. Así, se convirtieron en una agenda prescriptiva centrada en los países en desarrollo, en la que los países ricos apo arían a los países pobres para superar la pobreza extrema y satisfacer necesidades básicas.
    Para la implementación de la Agenda 2030 se requiere construir nuevas alianzas, más solidarias y equitativas, en el plano internacional y dentro de cada país. Este proceso es más complejo y exigente en términos institucionales y de diseño de políticas que el de los ODM, debido a las características de interdependencia de los nuevos  Objetivos y de universalidad e indivisibilidad de la nueva   agenda.

B. El sesgo recesivo en la economía internacional: falta demanda y sobra liquidez
Las tasas de crecimiento de la economía y el comercio internacionales han seguido una tendencia declinante desde mediados de los años setenta, luego del fin del sistema de Bretton Woods (1971) el choque de los precios del petróleo de 1973 (véase el gráfico I.1). Esta tra ectoria refleja la debilidad de la demanda agregada global en un sistema económico internacional sin mecanismos que permitan una expansión coordinada de las economías y la corrección de las asimetrías competitivas entre los países. A esta debilidad contribuye la caída de la elasticidad del comercio respecto del crecimiento del producto, que se explica por el menor dinamismo de dos fuerzas que fueron centrales para el crecimiento del comercio a tasas más altas que la expansión del producto mundial: la liberalización comercial y la integración económica —que redundaron en la incorporación de cada vez más países a los flujos globales de comercio—, y el desarrollo de cadenas globales de valor lideradas por grandes empresas transnacionales —que se tradujo en el aumento del comercio dentro de las firmas y en la división vertical del  trabajo—.


Gráfico I.1
Desaceleración de la economía mundial, medida por la variación anual del volumen de exportaciones de bienes y del PIB, 1952-2015

Exportaciones PIB Crecimiento medio de las exportaciones

Fuente Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).


    La débil e incierta recuperación de la economía mundial después de la crisis financiera internacional de 2008 y 2009 es consecuencia de estos problemas. Como resultado de la acumulación de desequilibrios comerciales en la primera mitad de la década de 2000 y, en algunos casos, de procesos de elevado endeudamiento externo, diversas economías han buscado mejorar su cuenta corriente y superar la crisis mediante el aumento de sus exportaciones. Como es imposible que todas mejoren su cuenta corriente al mismo tiempo, se produce un juego de suma negativa. La falta de coordinación conduce a procesos en que los países deficitarios desaceleran o contraen sus economías (para reducir el déficit), mientras que los superavitarios no aceleran el crecimiento ni aumentan los salarios (con lo que no elevan sus importaciones). Este comportamiento, conjugado con más financiarización e incertidumbre, origina una desaceleración global de la demanda agregada, que se traduce en una tasa más baja de crecimiento económico.
    En ese juego, la ma or presión recae sobre los países deficitarios de menor desarrollo, que tienen menos recursos financieros o menores capacidades tecnológicas para mitigar el impacto del ajuste, disminuir importaciones o aumentar exportaciones. Los países superavitarios no tienen estímulos para cambiar sus políticas, mientras que los deficitarios se ven obligados a hacerlo en función del aumento de la deuda y de las presiones especulativas contra sus monedas. En el gráfico I.2 se muestra cómo China, Alemania y los países exportadores de petróleo han sido sistemáticamente superavitarios en términos de la cuenta corriente de la balanza de pagos, mientras que los países de América Latina y el Caribe lo fueron por un muy breve período, durante la bonanza de los productos básicos. Un caso especial es el de los Estados Unidos que, como emisor de la moneda de reserva internacional, sufre menos presión para ajustarse, pese a sus elevados déficits, proveyendo liquidez al resto del mundo.
    Así, la falta de coordinación global confiere un sesgo recesivo al conjunto del sistema; para salir de este korauue y promover el crecimiento, es necesaria una política keynesiana mundial en virtud de la cual los países superavitarios contribuyan con su demanda a recomponer los equilibrios globales. Para esto se requiere una institucionalidad, inexistente en el sistema mundial, que adopte el pleno empleo y el crecimiento como objetivos centrales, como se propone en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y en los ODS2.

---
2 La asimetría del ajuste y su sesgo recesivo fueron una temprana preocupación de Keynes, quien sostuvo que la contribución que debe hacer el país deudor para restaurar el equilibrio por medio del ajuste de los precios y salarios es desproporcionada en relación con la que se exige a sus acreedores; que las tensiones sociales que implica una adaptación a la baja son mucho ma ores que las de una adaptación al alza, y que el proceso de adaptación es obligatorio para el deudor, mientras que para el acreedor es voluntario. Señaló que existe además otra consecuencia: la ma oría de las medidas de ajuste a las que opta el país deudor pueden resultar perjudiciales para sus términos de intercambio (Keynes, 1941, págs.  27-29).
---


Gráfico I.2
Ausencia de reciprocidad en el comercio internacional: déficits y superávits en la cuenta corriente de la balanza de pagos de países y grupos seleccionados, 1997-2015

Fuente   Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).


    Paradojalmente, la falta de demanda agregada coexiste con un exceso de liquidez. El sistema financiero sigue una tra ectoria autoalimentada de multiplicación de sus activos, a lo que han contribuido los desequilibrios en la cuenta corriente y la consiguiente emisión de títulos de deuda. En el gráfico I.3 se ilustra el despegue del mundo de las finanzas respecto del mundo de la producción: la magnitud de los activos financieros, en particular de los derivados financieros, en relación con el PIB mundial aumenta. El potencial disruptivo de una riqueza financiera que se incrementa a gran velocidad y excede con creces los volúmenes de producción y comercio es sumamente alto. Las sucesivas crisis financieras y de tipo de cambio que ha sufrido la economía mundial, y en particular las economías en desarrollo, en muchos casos han estado asociadas a burbujas, especulación con los precios de materias primas y de la energía, o procesos de valorización del tipo de cambio alimentados por ingresos de capitales y ciclos internacionales de liquidez (Ocampo, Rada y Taylor,    2009).

Gráfico I.3
Desacople entre las finanzas internacionales y la economía real: PIB nominal, activos financieros y derivados financieros a nivel mundial, 1980-2014

PIB mundial Acervo  de  activos  financieros mundiales Derivados

Fuente Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras del Banco de Pagos Internacionales (BPI) y Banco Mundial, World Development Indicators, 2015.


    A nivel de cada país, la debilidad de las políticas macroprudenciales y la gran apertura de la cuenta de capitales han hecho más difícil alinear los macroprecios con los objetivos del desarrollo. La ausencia de un keynesianismo global y la falta de políticas nacionales que reduzcan los efectos disruptivos de la liquidez de un sistema financiero hipertrofiado son dos desafíos que se deben enfrentar en la transición hacia un nuevo estilo de desarrollo.



    Los factores que explican esos desequilibrios no son solo comerciales y financieros; las asimetrías existentes entre países en lo tecnológico y lo productivo están en la base de las diferencias de competitividad y los desequilibrios comerciales. Los países de América Latina y el Caribe son especialmente afectados por los ciclos de crecimiento y liquidez internacional, como consecuencia de su especialización en pocos bienes de baja intensidad tecnológica y sus reducidas capacidades para diversificar sus exportaciones e ingresar en nuevos mercados.
    En el gráfico I.4 se muestra, para América Latina y un grupo de economías de Asia, la relación existente entre la intensidad tecnológica de las exportaciones (medida por el porcentaje de las exportaciones de alta tecnología en las exportaciones totales, en el eje horizontal) y el dinamismo de la demanda por las exportaciones (medido por la participación de las exportaciones de esas agrupaciones de países en las exportaciones mundiales, en el eje vertical). La transformación de su patrón de especialización le permitió a Asia participar en las corrientes más dinámicas del comercio, relajando la restricción externa al crecimiento y el empleo. En América Latina, no hubo un proceso similar, lo que redundó en que su tasa de crecimiento con equilibrio externo fuera más baja, como lo muestran las numerosas crisis cambiarias y de endeudamiento externo, que se tradujeron en procesos de ajuste hacia abajo de la tasa de crecimiento.

Gráfico I.4
América Latina y Asiaa relación entre el nivel de especialización en exportaciones de alta tecnología y la participación en el mercado mundial, 1986-2014

Fuente Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y Base de Datos Estadísticos de las Naciones Unidas sobre el Comercio de Productos Básicos   (COMTRADE).
a  Se inclu en China, Filipinas, Malasia, la República de Corea, Singapur y Tailandia.


C. Un mundo más integrado, pero más desigual
El tema de la distribución del ingreso, que durante mucho tiempo fue considerado no solo incómodo sino incluso inapropiado por algunos economistas3, ocupa hoy un lugar destacado en el debate internacional. El libro de Piketty (2013) fue importante para atraer la atención pública hacia este tema: su gran impacto reflejó la preocupación de los más diversos sectores de la sociedad por la marcada concentración del ingreso y la riqueza.
    La desigualdad de la distribución del ingreso aumentó fuertemente desde comienzos de la década de 1980 hasta el año 2000, y luego presentó un incremento leve. En el mundo desarrollado y en varias regiones en desarrollo, la desigualdad está en su nivel más elevado en más de tres décadas (véase el gráfico I.5). El coeficiente de Gini de los países de la Organización de Cooperación    Desarrollo Económicos (OCDE) aumentó de 0,29 en los años ochenta a 0,32 en 2013, y esta tendencia se observa tanto en países desarrollados que tradicionalmente han tenido ma ores niveles de desigualdad (como los Estados Unidos, cuyo coeficiente aumentó de 0,34 en 1985 a 0,39 en 2013), como en países con una fuerte tradición igualitaria, como los escandinavos (OCDE,   2015)4.

---
3 En el informe de 2003 del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, Robert Lucas escribió que de las tendencias que pueden hacer peligrar unos buenos principios económicos, la más tentadora y, en su opinión, la más tóxica, es centrarse en aspectos de la distribución (citado en Milanovic, 2007). Véase también Stiglitz   (2012).
4 En Finlandia, el coeficiente de Gini aumentó de 0,21 a 0,26; en Noruega de 0,22 a 0,25, y en Suecia de 0,20 a 0,27.
---


Gráfico I.5
Países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE): evolución del coeficiente de Gini y de la relación entre el ingreso promedio del decil más rico y del decil más pobre, 1985-2012

Ingreso del decil más rico en relación con el del decil más pobre (eje izquierdo) Coeficiente de Gini (eje  derecho)

Fuente Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), In It Together: Why Less Inequality Benefits All, París, 2015.


    En el gráfico I.6 se presenta la evolución de la desigualdad, medida por el coeficiente de Gini, en una muestra de países, entre principios de la década de 2000 (eje horizontal) y principios de la década de 2010 (eje vertical). Los puntos azules (por debajo de la línea de los 45º) representan a los países donde aumentó la igualdad (bajó el coeficiente de Gini), mientras que los puntos rojos (por encima de esa línea) corresponden a los casos en que el coeficiente de Gini aumentó. En la ma oría de los países, la desigualdad aumentó. Casi todos los países en que la desigualdad se redujo son países latinoamericanos, donde los niveles de desigualdad eran inicialmente —y siguen siendo— de los más altos del mundo.

Gráfico I.6
América Latina (14 países) y otros países seleccionados: coeficiente de Gini, alrededor de 2000 y de 2010

Coeficiente de Gini alrededor de    2000

Fuente Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco Mundial, World Development Indicators, 2015 y All the Ginis Dataset, Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y Luxembourg Income Study Database  (LIS).


    Varios problemas se asocian a una elevada desigualdad: los países más desiguales tienden a mostrar un peor desempeño económico, ma or inestabilidad política límites más fuertes al ejercicio pleno de la ciudadanía. Una ma or desigualdad hace más difícil reducir la pobreza, esfuerzo que dependerá aún más del crecimiento económico. El aumento de la desigualdad contribuyó a la crisis financiera mundial de 2008 y 2009, primero en los Estados Unidos y después a nivel global5. En la medida en que la participación de los salarios en el ingreso se redujo, las familias recurrieron al endeudamiento, sobre todo para la compra de viviendas. Al mismo tiempo, los sectores más favorecidos por la concentración utilizaron sus ingresos en activos financieros, no en consumo o inversión productiva. El endeudamiento creciente de las familias junto con el aumento del apalancamiento6, la multiplicación de activos financieros y la exuberancia irracional condujeron al desplome de un gran volumen de títulos acumulado sobre una base muy  frágil.

---
5 Véase, por ejemplo, Setterfield (2013) y Wisman (2013).
6 El apalancamiento se define como la relación entre el crédito y el capital propio en las operaciones financieras.
---


D. “La ma or falla de mercado de todos los tiempos”
El imperativo del cuidado del medio ambiente, otra dimensión clave de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, transforma la óptica con que se mira la dinámica económica, cuyas externalidades negativas a no pueden ser ignoradas. Todo esfuerzo por recuperar el crecimiento global y reducir brechas de ingreso entre países desarrollados y en desarrollo debe ser mediado y acompañado por un esfuerzo aún ma or por desacoplar el crecimiento del impacto ambiental.
    En el gráfico I.7 se presentan diversos indicadores que confirman que los impactos del cambio climático son muy intensos, pueden ser irreversibles y exigen una respuesta colectiva urgente. Esos efectos se han traducido en aumentos persistentes de la temperatura de la superficie terrestre y cambios en la dinámica de los océanos, incluida una marcada reducción de la capa de hielo (véanse los gráficos I.7A y I.7B). Además, existe evidencia de que la proporción de especies en peligro de extinción aumentó significativamente entre 1990 2015 (véase el gráfico I.7C). En la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN) se establece que 322 especies de vertebrados se han extinguido desde 1500 y que entre el 16% y el 33% de las especies de vertebrados que permanecen están globalmente amenazadas. De ellas, el 13% de las especies de aves, el 41% de las especies de anfibios y el 26% de las especies de mamíferos amenazadas está en riesgo de extinción (CDB, 2010; Naciones Unidas, 2015a). La especie humana es la única cuya población seguirá creciendo.

Gráfico I.7
Impactos ambientales del patrón dominante de crecimiento

A. Anomalías en la temperatura combinada de la superficie
B. Extensión del hielo marino en el Ártico, en verano,
terrestre y oceánica, 1850-2015 a
1978-2015 b
(en grados Celsius, diferencia de la temperatura en cada  año
(en millones de kilómetros cuadrados)
con respecto al promedio del período  1961-1990)



C. Índice de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN) de supervivencia
de especies amenazadas de mamíferos, aves, anfibios, corales y cícadas, 1980-2014 c


Aves
Anfibios
Corales
Mamíferos
Cícadas

Fuente Comisión Económica para América Latina  el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco Mundial, World Development Indicators y Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN).
a Los datos de temperatura corresponden a la diferencia entre el promedio mundial de la temperatura combinada de la superficie terrestre y oceánica, en promedios anuales de 1850 a 2015, y el promedio del período comprendido entre 1961 y 1990. Los datos provienen de la base HadCRUT4 del Centro Hadley de la Oficina Meteorológica del Reino Unido.
b  Los datos de hielo marino en el Ártico se refieren al promedio de julio, agosto y septiembre, y provienen del National Snow and Ice Data Center (NSIDC).
c El número de especies amenazadas es el número de especies clasificadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN) en las siguientes categorías: en peligro crítico, en peligro, vulnerable, casi amenazada, preocupación menor, datos insuficientes. Un valor de 1,0 indica que están clasificadas como de preocupación menor; un valor de 0 indica que se extinguieron.



    Los efectos del cambio climático abren nuevos espacios para la política pública.  La última  crisis  generó  una fuerte demanda por políticas fiscales expansionistas, para consolidar la recuperación económica, en contraposición a comportamientos del tipo “empobrecer al vecino” (beiiat/th{/nekihbqwt) en las relaciones entre países. La expansión del gasto fiscal puede apo arse en el consenso emergente en torno a la necesidad de realizar fuertes inversiones para cambiar la matriz energética y el patrón de producción. En otras palabras, el keynesianismo global para sostener la demanda efectiva puede tener como base (como se sugiere en la literatura7) un keynesianismo ambiental, en que los objetivos de pleno empleo y cuidado ambiental se armonicen en un bloque de inversiones en un sendero de crecimiento bajo en  carbono.
    Los problemas de coordinación en una política de este tipo son más complejos que los que se presentan en el keynesianismo clásico, en el que la expansión coordinada de las economías produce beneficios inmediatos para todos. En cambio, en materia de contaminación ambiental, el país que más contamina puede estar generando más producción y empleo en su economía, mientras que los efectos negativos se sienten en todas partes. El beneficio de la ma or producción es directo para quien produce, en tanto que sus externalidades negativas son difusas y, a veces, se perciben con más intensidad en regiones alejadas de la fuente de contaminación (por ejemplo, el cambio climático puede barrer del mapa algunas pequeñas islas que en nada contribuyen a la contaminación global). Los incentivos se configuran de tal forma que la contaminación se vuelve la estrategia dominante. Por ese motivo, Nicholas Stern (2006) se ha referido a la contaminación y el cambio climático como “la ma or falla de mercado de todos los tiempos”8. Por la misma razón, la reacción de la comunidad internacional y las políticas nacionales para cambiar el patrón de desarrollo tienen una urgencia y una legitimidad inéditas.



E. Un nuevo consenso mundial
La conciencia acerca de los límites ambientales, económicos y sociales del estilo dominante de desarrollo se ha hecho mucho más fuerte en años recientes, como respuesta a los desequilibrios prevalecientes. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible representan el consenso emergente en la búsqueda de un nuevo paradigma de desarrollo. Los ODS se desagregan en 17 Objetivos, acompañados de 169 metas (véase el recuadro I.1).



---
7 Véanse, entre otros, Harris (2013), Jacobs (2013) y Antal (2014, págs.  276–286).
8 Para dar una respuesta a esta falla de mercado se requiere un tipo de institucionalidad de difícil construcción, como lo demostró el escándalo en torno a la medición de las emisiones contaminantes de los vehículos de la Volkswagen, en septiembre de 2015.
---


Con mirada de largo plazo, la Agenda 2030 y los ODS se fundamentan en los siguientes ejes conceptuales:
• El enfoque de derechos: implica el cumplimiento de los compromisos de los Estados asumidos en su legislación interna en la normativa internacional. La sociedad debe ser un sujeto de derechos, lo que implica que los gobiernos están obligados a reglas de conducta y resultados.
• Igualdad sustantiva cierre de brechas: se debe avanzar hacia sociedades más igualitarias, solidarias cohesionadas. El cierre de brechas debe ser la guía de las intervenciones públicas para la igualdad sustantiva, que no se reduce a la igualdad de oportunidades, sino que incluye también la igualdad de derechos, medios, capacidades y resultados.
• Promoción del empleo pleno y productivo y de calidad. El pleno empleo es imprescindible para lograr la igualdad y sostenerla en el largo plazo; los aumentos de la productividad y la calidad del empleo son inseparables de la universalización de los derechos en un Estado de bienestar.
• Perspectiva de género: la eliminación de la desigualdad entre mujeres y hombres es un eje transversal que exige la superación de los roles tradicionales basados en la división sexual del trabajo, la eliminación de las jerarquías y privilegios que reproducen la subordinación de las mujeres y el cierre de todas las brechas de desigualdad.
• Responsabilidades comunes pero diferenciadas: las obligaciones de los países en materia ambiental, económica y social deben ser proporcionales a sus niveles de desarrollo y al grado en que han sido responsables de los problemas que es preciso enfrentar.
• Progresividad y no regresividad: es necesario establecer criterios claros de progresividad9 en el cumplimiento de las metas y no aspirar solo a cambios incrementales simples o marginales, así como impedir que se produzcan retrocesos respecto de lo alcanzado.
• Indivisibilidad e interdependencia: la Agenda 2030 debe ser un conjunto integrado y no una suma de Objetivos y metas aislados. Se requiere que los Objetivos y metas se vinculen entre sí y, en muchos casos, que existan procesos de realización conjunta; por eso, lo que se haga (o se deje de hacer) en un ámbito tendrá consecuencias para lo que se pueda lograr (o no) en otro. Este criterio es fundamental en el diseño de las políticas y acciones públicas e implica que los gobiernos deben construir estructuras institucionales integrales que permitan superar la fragmentación de las intervenciones públicas.
• Participación ciudadana: la Agenda 2030 y los ODS son más que un programa gubernamental; requieren procesos de apropiación social para convertirse en objetivos nacionales compartidos por la sociedad. Permiten construir —como se ha propuesto en CEPAL (2010)— una nueva ecuación entre Estado, mercado y sociedad, en un contexto de diálogo social y participación ciudadana, que solo se logrará si se estimula esa participación en la formulación, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas.
• Transparencia y rendición de cuentas: el acceso a información pertinente, suficiente y oportuna es un requisito para formular políticas y contar con mecanismos de monitoreo y evaluación, así como con una intensa participación. La consolidación y la profundización de las estrategias orientadas a lograr gobiernos abiertos son fundamentales.
    La Agenda 2030 converge con los esfuerzos que realiza la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para apo ar el análisis y el diseño de políticas para la igualdad y el cambio estructural. Sin embargo, ha temas importantes para la región que no son adecuadamente considerados. En primer lugar, están ausentes los pueblos indígenas y los grupos afrodescendientes, que representan una alta proporción de la población de América Latina y el Caribe, cuyos derechos y problemas específicos no son   contemplados.
    En segundo lugar, algunos Objetivos no tienen correspondencia con las metas propuestas. Un ejemplo es la distancia existente entre el ambicioso Objetivo 1 de los ODS, “poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo”, y el alcance de sus primeras dos metas (1.1 y 1.2), en que se plantea erradicar la pobreza  extrema
—recordando que en el momento de formulación de la Agenda 2030 el umbral era de 1,25 dólares diarios— y reducir al menos a la mitad la proporción de mujeres, hombres y niños en situación de pobreza en todas sus dimensiones, conforme a las definiciones nacionales adoptadas. Hay una distancia muy grande entre lo ambicioso del objetivo y lo acotado de las metas.
    Finalmente, pese a que los ODS representan un avance significativo respecto de los ODM, en algunos puntos quedaron rezagados en relación con estos últimos. Un ejemplo son las metas en materia de mortalidad materna e infantil, en cuyo logro muchos países fracasaron. Como las metas propuestas en los ODS son menos exigentes,

---
9  El grado de progresividad se refiere a la medida y velocidad con que cada indicador se acerca al máximo deseable.
---


se hace más fácil alcanzarlas y eso genera una percepción equivocada de éxito. Por lo anterior, uno de los retos inmediatos para el proceso de implementación, monitoreo y evaluación de la Agenda 2030 es alinear y aumentar la consistencia entre los Objetivos, las metas y los indicadores. A Objetivos de gran alcance deben corresponder metas ambiciosas e indicadores robustos y representativos. Los ODS abrieron un amplio espacio para que los gobiernos nacionales puedan definir las metas y el alcance de sus compromisos, que deben reflejar el propósito transformador al que aspira la Agenda  2030.
    Pese a los avances que implican, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS pueden ser interpelados desde tres puntos de vista.
    El primero se refiere a los medios para su implementación. La Agenda 2030 no cuenta con un marco institucional y una gobernanza global eficaz, como lo muestran las recientes decisiones internacionales sobre el financiamiento para el desarrollo.
    El segundo considera la consistencia interna de la Agenda 2030 y los ODS. Pese a que se proponen como un conjunto integral e indivisible, no hay un análisis de la forma como los Objetivos se conectan entre sí, ni de su relación con las variables económicas que condicionan la posibilidad de alcanzarlos. Para ello, es necesario partir de un marco analítico y un diagnóstico que articulen y expliquen la evolución de esas variables; en este esfuerzo es útil recurrir a la tradición de la CEPAL en teoría del desarrollo, expresada en particular en sus últimas contribuciones (CEPAL, 2010, 2012 y   2014).
    La tercera interpelación, la más importante, se refiere a la economía política. Existe un riesgo muy alto, como ocurrió en gran medida con los ODM, de que la Agenda 2030 los ODS se transformen en declaraciones de intenciones que luego son negadas de forma sistemática por la dinámica de los mercados y la teanrqnktkk. La economía política dominante tiende a reproducir el estilo dominante y a frenar los esfuerzos para implementar la nueva agenda, que requiere de una nueva economía política y nuevas coaliciones internacionales y nacionales que la sostengan.



F. Buen diseño, mala implementación
El aspecto más complejo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible radica en los medios de implementación. Si bien en el Objetivo 17 se resalta la necesidad de fortalecer esos mecanismos, llevarlo a la práctica exige profundos cambios en la gobernanza económica mundial. La experiencia internacional muestra que la eficacia de las políticas públicas está mucho más vinculada a la calidad de su implementación que a su diseño, que frecuentemente puede ser reproducido de un país a otro. Contar con criterios claros y mecanismos eficientes de implementación exige el desarrollo y mantenimiento de instituciones sólidas, que respondan más a objetivos de Estado que a metas de los gobiernos de turno. Dado el dinamismo del contexto internacional y de las realidades de los países, es imprescindible desarrollar también instrumentos de monitoreo y evaluación de impacto de las políticas que permitan reforzarlas o eliminarlas según sus resultados.
    Como toda estrategia, la Agenda 2030 y los ODS requieren medios e instrumentos de implementación acordes a la magnitud de la tarea propuesta. En este sentido, se reconoce explícitamente que cada país es el principal responsable de su desarrollo económico y social, y que el papel de las políticas nacionales y las estrategias de desarrollo es de máxima importancia. No obstante, también se resalta que los esfuerzos nacionales deben ser apo ados por un contexto internacional que los haga posibles.
    La Agenda 2030 es complementada por el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, aprobado en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, celebrada en Sendai (Japón) en marzo de 2015. Con este Marco, se busca prevenir nuevos desastres y mitigar los efectos de los ya ocurridos, mediante la implementación integrada de medidas en lo cultural, económico, ambiental, educacional,  social,  tecnológico  e institucional.
    La Agenda 2030 pone de relieve que los esfuerzos para fortalecer los mecanismos de implementación implican actuar en el financiamiento, la tecnología, el comercio internacional, la construcción de capacidades tecnológicas y los temas sistémicos, vinculados a la provisión de bienes públicos globales. En todos los casos, la metodología   se centra en la articulación de la movilización interna de recursos con la creación o fortalecimiento de mecanismos internacionales de gobernanza, especialmente en las áreas de financiamiento, comercio, tecnología y medio ambiente. Las instituciones que es preciso desarrollar deben basarse en asociaciones con los múltiples actores relevantes de los sectores público y privado y de la sociedad   civil.
    Pese a lo adecuado de estos principios, los avances en su implementación han sido muy débiles, particularmente en el crucial tema del financiamiento para el desarrollo, en que las decisiones más recientes han ido en la dirección contraria a aquella que propone la Agenda 2030. Una vez más, se abre una brecha entre las declaraciones y la dinámica económica. Un ejemplo es la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, de julio de 2015, que da continuidad a los principios del Consenso de Monterrey, de 200210.
    En la Agenda de Acción de Addis Abeba se subra a la necesidad de una movilización efectiva de recursos públicos internos, incluido el aumento de la recaudación mediante sistemas tributarios más eficientes y justos, y la necesidad de reducir las corrientes financieras ilícitas. En materia de cooperación internacional, se destaca la necesidad de que los países donantes cumplan con destinar el 0,7% de su producto nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo. Mediante la Agenda de Acción de Addis Abeba se busca promover la expansión del comercio de los países en desarrollo, haciendo más eficaz y operacional el tratamiento especial y diferenciado, y potenciando la ayuda para el comercio y la inversión. Asimismo, se reiteran los planteamientos del Consenso de Monterrey con respecto a mejorar la gobernanza económica mundial, lo que implica reforzar la cooperación internacional para promover la estabilidad aumentar la participación representación de los países en desarrollo en las instituciones que diseñan, establecen e implementan las normas globales.
    Existe una brecha significativa entre las declaraciones y los instrumentos propuestos para la implementación de la Agenda de Acción de Addis Abeba, que no cuenta con mecanismos para enfrentar y reducir las asimetrías que enfrentan los países en desarrollo respecto de las economías desarrolladas y que, peor aún, en algunos casos las refuerza. Excluido el compromiso de los países donantes de canalizar el 0,7% de su producto nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo, que solo cumplen 5 de los 28 países donantes (véase el gráfico I.8), sus restantes iniciativas no implican compromisos específicos de los países desarrollados para avanzar en la mejora de la arquitectura financiera para el desarrollo o reducir las asimetrías en el sistema financiero y el comercio internacionales (Naciones  Unidas, 2015b).

Gráfico I.8
Asistencia oficial para el desarrollo (AOD) neta como proporción del producto nacional bruto (PNB) de los países miembros del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la Organización
de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), 2014

Fuente   Naciones Unidas, Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) [base de datos en línea] http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Default.aspx.


---
10   Los temas incluidos son recursos internos públicos; finanzas    negocios internos e internacionales; cooperación internacional para el desarrollo; comercio internacional como motor del desarrollo; sustentabilidad de la deuda; temas sistémicos; ciencia, tecnología, innovación, creación de capacidades, y datos, monitoreo y   seguimiento.
---


    En algunos casos, la Agenda de Acción de Addis Abeba debilita la institucionalidad multilateral, como se desprende del acuerdo referente a la cooperación tributaria global, pues no establece un organismo tributario intergubernamental dentro de las Naciones Unidas que reemplace al Comité de Expertos sobre Cooperación Internacional en Cuestiones de Tributación de las Naciones Unidas. Peor aún, se plantea que ese Comité siga funcionando según el mandato de 2004, es decir, financiado por aportes voluntarios, lo que se traduce en que su funcionamiento esté tutelado por los países desarrollados. El debilitamiento de la institucionalidad multilateral también se refleja en que, en materia de deuda, se ha a modificado el criterio establecido en el Consenso de Monterrey en 2002, de corresponsabilidad entre deudores y acreedores. Al criterio de que “los deudores y los acreedores deben compartir la responsabilidad de evitar y resolver situaciones en que el nivel de endeudamiento es insostenible” (Naciones Unidas, 2002, párr. 47), en la Agenda de Acción de Addis Abeba se agregó la previsión de que “mantener niveles sostenibles de endeudamiento es responsabilidad de los países prestatarios; sin embargo, reconocemos que los prestamistas también tienen la responsabilidad de otorgar préstamos de una manera que no menoscabe la sostenibilidad de la deuda de un país” (Naciones Unidas, 2015d, párr. 97). Así, se pasó de una concepción basada en la corresponsabilidad entre prestamistas y prestatarios a otra sustentada en la responsabilidad primaria de estos últimos. El peso del ajuste recae sobre la parte más débil, problema especialmente grave para los pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe que, por su nivel de endeudamiento, se encuentran en una situación que demanda acciones urgentes.
    El esfuerzo analítico y las recomendaciones de política de la Agenda de Acción de Addis Abeba están concentrados en los países menos desarrollados, en tanto que solo se analizan parcialmente las necesidades de los países de renta media. En el documento se incluyen solo 7 referencias explícitas a estos países, mientras que los países menos desarrollados son objeto de 62 referencias explícitas.
    La reforma necesaria para corregir las principales deficiencias del sistema internacional en temas de desarrollo exigirá un esfuerzo colectivo tendiente a llenar el vacío institucional en lo que respecta a la coordinación y gobernanza de la globalización. La Agenda de Acción de Addis Abeba es, en ese sentido, una oportunidad perdida. Si bien en el documento se incluyen principios generales que en lo declarativo reconocen las asimetrías y especificidades de las economías en desarrollo frente a las desarrolladas, no se ofrecen mecanismos para enfrentarlas y reducirlas en los ámbitos financiero, comercial y  tecnológico.



G. El nuevo estilo de desarrollo requiere de bienes públicos globales y políticas nacionales
Ante la complejidad de implementar políticas y de alinear o reformar instituciones para la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible se requiere de un marco analítico que las articule entre sí y con las variables económicas relevantes. En la Agenda 2030 se explicita el sentido de la transformación deseable, pero no la forma de hacer esa transformación, es decir, los criterios de gobernanza global, las estrategias y las políticas. El énfasis en la integralidad e indivisibilidad de los ODS hace aún más necesario un diagnóstico que explicite las variables que los definen y sus requerimientos, en términos de bienes públicos globales y políticas   nacionales.
    La construcción de bienes públicos globales, con sus correspondientes sistemas de gobernanza, y de políticas nacionales es central para redefinir el estilo de desarrollo11. En la Agenda 2030 se propone avanzar en la construcción de los bienes públicos globales clásicos, como la paz y la seguridad, y se expresa preocupación por otros que son claves para su implementación y deben ser incorporados de forma más plena en la gobernanza global. En primer lugar, es necesario que el sistema internacional pueda estabilizar el crecimiento del producto y el empleo. En segundo lugar, el crecimiento debe preservar el medio ambiente y la integridad ecológica de los recursos comunes, lo que implica que debe transitar por un sendero bajo en carbono, que evite el uso predatorio de los recursos naturales.

---
11  Los bienes públicos son aquellos cuyo consumo es no rival (es decir, su uso por parte de un agente no disminuye las posibilidades de uso por parte de otro agente) y no excluyente (una vez que el bien se produce, no es posible evitar que otros puedan consumirlo). Por ese motivo, algunos agentes buscan beneficiarse de estos bienes sin contribuir a pagarlos o producirlos (lo que se denomina el efecto “polizón” o htee tkfet). Por el mismo motivo, tienden a ser sistemáticamente producidos en cantidades inferiores al óptimo, a no ser que exista un mecanismo de cooperación o comando que obligue a todos a contribuir a su producción. Precisamente, mediante los sistemas de gobernanza internacional se busca crear y sostener reglas de juego e instituciones que generen dichos bienes en las cantidades deseadas. Los bienes públicos son globales cuando sus beneficios son universales, es decir, alcanzan a todos los actores del sistema internacional y no solo a los habitantes de cierto país o región, y se extienden a las futuras generaciones (Kaul, Grunberg y Stern, 1999).
---



    Para producir estos dos bienes públicos globales, son necesarios mecanismos de gobernanza en cuatro ámbitos: la coordinación internacional para sostener la demanda agregada; una nueva arquitectura financiera para reducir la incertidumbre y las fluctuaciones generadas por los movimientos internacionales de capital; mecanismos y reglas que premien los esfuerzos por desacoplar la producción y las emisiones de contaminantes, y frenen el uso predatorio de los recursos del planeta, y la gobernanza para reducir la desigualdad entre los países, cerrando brechas de capacidades e ingresos que dificultan la cooperación y comprometen la capacidad de contribuir efectivamente a la producción de bienes públicos globales. Esto implica universalizar el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, al reconocer que la economía internacional es altamente heterogénea, con grandes desigualdades tecnológicas y de ingreso, y fuertemente concentrada en pocos actores, grandes empresas transnacionales y empresas financieras complejas. Tener en cuenta estas asimetrías establecer reglas que las  corrijan que controlen los  desequilibrios que generan dará más estabilidad al conjunto del sistema y reducirá tensiones en diversos ámbitos de las relaciones internacionales, desde las corrientes migratorias a las disputas comerciales o sobre estándares laborales y ambientales.
    Los bienes públicos globales hacen posible, al mismo tiempo requieren, políticas nacionales orientadas a sostener el crecimiento económico y la igualdad con sostenibilidad ambiental. Las políticas propuestas por la CEPAL se basan en un marco analítico que enfatiza la igualdad multidimensional como el valor que se busca alcanzar con el modelo de desarrollo, el cambio estructural progresivo como ordenador de la dinámica de crecimiento consistente con la búsqueda de la igualdad, la interdependencia entre coyuntura y estructura —entre ciclo económico y tendencia de largo plazo de la tasa de crecimiento— como clave de una política macroeconómica para el desarrollo, y la rediscusión del papel del Estado y su relación con el mercado y la sociedad.
   El primer eje, la desigualdad, ha adquirido un lugar protagónico en el debate global, que se refleja en la Agenda 2030. En La hqta fe na kiwanfaf (CEPAL, 2010) se inició una reflexión sobre el tema que introdujo nuevas dimensiones analíticas, manteniendo las raíces del pensamiento estructuralista, incluida una agenda renovada basada en un enfoque que establecía la titularidad de derechos como una condición de ciudadanía (Bárcena y Prado, 2016). Dado que la desigualdad se manifiesta no solo en una distribución inequitativa del ingreso, sino también en los distintos espacios de la vida social y económica, se debe realzar el objetivo de igualdad multidimensional.
    La preocupación por la desigualdad está en los orígenes del enfoque histórico-estructural, que la concibe como el resultado de la estructura productiva típica de los países de la periferia, caracterizada por la baja absorción de tecnología (muy concentrada en pocos sectores), donde gran parte de la fuerza de trabajo se ocupa en actividades de baja productividad, rasgo distintivo de la heterogeneidad estructural12. Esto genera estructuras de poder político social que reproducen privilegios, frenan la diversificación e impiden o limitan las políticas redistributivas basadas en el gasto social y sistemas fiscales progresivos. Por ello, es necesario transformar la dinámica de la producción y la productividad, junto con introducir medidas de política a favor de la redistribución, para corregir las fuentes de la desigualdad en el largo  plazo.
    El cambio estructural progresivo es el segundo eje analítico. Sus fuentes intelectuales provienen de la conjunción del estructuralismo latinoamericano con la corriente evolucionista schumpeteriana (que analiza los factores que explican la construcción de capacidades, el aprendizaje y el cambio técnico) y la economía del medio ambiente (que estudia los impactos del crecimiento sobre la emisión de gases contaminantes y la destrucción de los recursos naturales) (Cimoli y Porcile, 2014). El concepto de cambio estructural progresivo pone en el centro de la dinámica del crecimiento cambios cualitativos en la estructura productiva, que son capturados mediante tres conceptos. El primero es el de eficiencia keynesiana o de crecimiento, que se evidencia cuando la oferta de exportaciones se centra en bienes y servicios con creciente demanda en la economía interna e internacional, lo que permite que el crecimiento sea compatible con el equilibrio en la cuenta corriente, definido por una relación estable entre deuda externa y PIB. El segundo es el de eficiencia schumpeteriana, que identifica el potencial de distintos tipos de especialización productiva para irradiar el cambio tecnológico y la innovación al conjunto del sistema productivo. El tercero es el de eficiencia ambiental, que toma en cuenta los efectos del crecimiento sobre las emisiones y el uso de los recursos naturales.

---
12 Este enfoque dio lugar en la CEPAL a una producción intelectual basada en el pensamiento de Aníbal Pinto (1970 y 1976), Raúl Prebisch (1949 y 1981), José Medina Echavarría (1959 y 1962), Celso Furtado (1961, 1971 y 1983), Osvaldo Sunkel (1980) y Fernando Fajnzylber (1983 y 1990), que estudiaron la persistencia de la desigualdad y de la heterogeneidad estructural en las diferentes etapas del desarrollo económico de la  región.
---


Cuando la estructura productiva se transforma en la dirección de esas tres dimensiones de la eficiencia, se produce un cambio estructural progresivo y es posible un crecimiento sostenible con ma or equidad distributiva a medida que se difunde el progreso técnico a nuevos sectores y se crean empleos de calidad que absorben la informalidad y disminuyen el impacto  ambiental13.
    La escasa diversificación y las barreras a la difusión de tecnología impiden que los aumentos de productividad alcancen a todo el tejido productivo, de modo que estos se concentran en pocas capas o segmentos, generando estructuras polari adas14. La heterogeneidad estructural se refiere a esa polari ación: grandes diferencias de productividad del trabajo entre sectores y dentro de ellos, como resultado de que la tecnología se difunde de forma lenta. La concentración de la ma or parte del empleo en las actividades de muy baja productividad y salarios (actividades informales o de subsistencia) es así una fuente de persistente desigualdad. La visión de la heterogeneidad estructural planteada por el estructuralismo originario incorporó luego nuevas dimensiones más allá de la divergencia tecnológica y de productividad, incluidas las desigualdades de género, los desequilibrios territoriales y la dimensión   ambiental.
    La dimensión ambiental del cambio estructural progresivo requiere que la estructura productiva se oriente hacia sectores innovadores y tecnologías limpias, con reducción del consumo de energías fósiles. El estilo de desarrollo dominante en la región se basa en una estructura productiva cuya competitividad depende de la abundancia y la explotación de los recursos naturales, lo que sesga las inversiones, la innovación y el desarrollo tecnológico, y fomenta el uso intensivo de energía y el uso predatorio de esos recursos. El cambio estructural debe tener como vector central la construcción de capacidades más allá de las ventajas comparativas estáticas y la generación de innovaciones para el desacople entre la producción, las emisiones  el uso de los recursos. Estas capacidades deben difundirse a   todo el tejido productivo para generar empleos de calidad e  inclusión15.
    El cambio estructural no se agota en el aprendizaje de firmas y sectores. Incluye una perspectiva macroeconómica que toma en cuenta la relación entre la coyuntura y la estructura. Esta relación es el tercer eje del marco analítico que plantea la CEPAL. La inversión, el crecimiento de la productividad   la transformación de las capacidades productivas y tecnológicas se refuerzan o debilitan mutuamente. En esta mirada sobre la dinámica de la inversión en la coyuntura y los efectos de largo plazo de las políticas de estabilización, las políticas de administración de la demanda agregada tienen un papel importante en la determinación del producto más allá del corto plazo. Los períodos de contracción de la demanda agregada y ajuste fiscal ante desequilibrios en la balanza de pagos pueden inducir una caída de la inversión con consecuencias negativas en la productividad y el crecimiento en el largo plazo. Inversión, productividad y progreso técnico tienen un vínculo muy fuerte: debilitar uno de estos ejes compromete el crecimiento.
    Avanzar en el cambio estructural y el logro de la igualdad demanda una rediscusión del rol del Estado y las instituciones, y de su relación con el mercado y la sociedad. Esto conduce al cuarto eje de análisis. Actualmente, existe en la región ma or acuerdo respecto del papel de las instituciones y la importancia de las políticas públicas para garantizar la oferta de bienes públicos, dinamizar el crecimiento, fomentar el desarrollo de capacidades tecnológicas, intervenir en el desarrollo territorial y promover políticas igualitarias para concretar la ampliación de derechos. Un aspecto de creciente importancia es el papel de esas políticas en la redefinición de la tra ectoria de crecimiento hacia una senda de crecimiento baja en carbono y con menor uso de los recursos naturales. Las instituciones asociadas a la innovación y las políticas industriales y tecnológicas deben ofrecer incentivos para que el cambio tecnológico priorice tra ectorias ambientalmente más eficientes. La intersección entre nuevas tecnologías, igualdad y medio ambiente debe ser un nqewu privilegiado de la innovación.
    La percepción de que intervenciones puntuales son insuficientes para cambiar los patrones productivos refuerza el papel que deben cumplir las políticas industriales y tecnológicas. El progreso técnico y la construcción de capacidades deben reducir las brechas con respecto a la frontera tecnológica, aumentando la competitividad, y deben desacoplar la producción y las emisiones, así como promover la inclusión social. Ninguna de estas tareas la realiza espontáneamente el mercado.


---
13 En CEPAL (2012) se denomina cambio estructural virtuoso a aquel en que se combinan las eficiencias keynesiana y schumpeteriana. Este concepto se amplía en el de cambio estructural progresivo, en que se toma en cuenta también la eficiencia  ambiental.
14 Los factores que reducen la difusión de tecnología en las economías periféricas (nivel y desigualdad en la educación, ausencia de sectores tecnológicos líderes, débil política industrial y tecnológica) han recibido atención amplia en la literatura económica (véase CEPAL,  2012).
15       En Pollin (2012) se presentan evidencias del vínculo entre la creación de empleos de calidad y la eficiencia ambiental de la producción.
---


H. La economía política dominante: dos mundos en contradicción
El estilo de desarrollo dominante ha generado enormes desequilibrios y su transformación es una tarea compleja. La dificultad radica en la economía política, el conjunto de intereses y alianzas que predominan y que definen las reglas del juego, tanto en el plano internacional como en el interno. Hay un claro conflicto. Diversos actores, tanto públicos como privados, tienen interés en proteger sus inversiones y la distribución presente de rentabilidades; otros, en cambio, tendrían mucho que ganar con una transición hacia un patrón de crecimiento más inclusivo y sostenible ambientalmente. El problema es que los costos de la conversión a un nuevo patrón son inmediatos y están concentrados, mientras que los beneficios se percibirán en el futuro y son difusos. En particular, la distribución de costos y beneficios está en correlación inversa con la distribución de poder en el estilo vigente, lo que dificulta la construcción de alianzas para    avanzar.
    Más aún, hay un efecto de “candado” (lock-in) y de dependencia de la trayectoria (path dependency)  asociado a las inversiones existentes    a la estructura de precios que hace más costoso salir del estilo dominante.  Empresas y gobiernos que, en el marco de los incentivos existentes, invierten en la exploración de nuevos yacimientos de combustibles fósiles, en nuevas formas de explotarlos y en la infraestructura necesaria para ello reproducen y amplían los incentivos favorables a ese estilo. El peso de los intereses es aún más fuerte en la medida en que uno de los principales beneficiarios del cambio de tra ectoria, las futuras generaciones, por definición no tiene ni representación directa ni voz en la formulación de las políticas. Todo eso se traduce en que predominen las fuerzas del statu quo.
    El desarrollo sostenible es un objetivo global para el que se requiere de bienes públicos globales. Pero la gobernanza global ha ido en la dirección opuesta a la necesaria para producir esos bienes. Mientras que para producir esos bienes se necesitan reglas y acuerdos que regulen las acciones del mercado, la dinámica del sistema internacional las minimizó, lo que refleja las preferencias de los agentes más poderosos. Las grandes economías y bloques, así como las firmas que tienen mayor capacidad de reasignar rápidamente sus recursos a través de las fronteras (grandes empresas transnacionales en los ámbitos productivo, comercial y, sobre todo, financiero), favorecen un sistema con menos reglas y restricciones. En un sistema de ese tipo, pueden ejercer más libremente su poder de negociación que en un sistema multilateral. Emerge así un multilateralismo de élite en que los poderes económico y político de los grandes actores se refuerzan   mutuamente.
    Esto se refleja en la contradicción existente entre las declaraciones de las instituciones internacionales y las reglas que gobiernan la dinámica económica. Durante la década de 1990, la comunidad internacional en el seno de las Naciones Unidas hizo intentos por avanzar a un nuevo paradigma de desarrollo que incluyera las dimensiones económica, social y ambiental de manera integral. Se realizaron cumbres mundiales cada dos años, lo que se tradujo en que ese período se denominara “la década normativa del desarrollo” (véase el cuadro I.1). En esos años, se debatió el deber ser en los temas de la sostenibilidad, la infancia, la mujer, la población, el desarrollo social, la educación y el financiamiento para el desarrollo. Los resultados más evidentes de ese proceso fueron los acuerdos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Cumbre para la Tierra), celebrada en 1992, el Programa 21 y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, junto con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.
    La amplia agenda que se formuló como resultado de esos foros fue reemplazada por la Declaración del Milenio; para hacerla más operativa y construir un puente entre el mundo normativo y la dinámica económica global, la Secretaría de las Naciones Unidas lanzó los Objetivos de Desarrollo del Milenio (en septiembre de 2000), en que se establecieron metas para diversos indicadores, sin un enfoque integrado del   desarrollo.



Cuadro I.1
La década normativa de las Naciones Unidas, 1990-2000

Fuente  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).


    El esfuerzo no se detuvo con la Cumbre del Milenio en el año 2000. La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible de 2002 (cuyo foco estuvo en el desarrollo social y la protección ambiental), así como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), en 2012, el septuagésimo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en que se aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, son ejemplos de la continuidad de ese esfuerzo normativo y del debate internacional sobre los rumbos del desarrollo sostenible.
    En paralelo, se aceleraron las transformaciones en la economía y las sociedades que ponían en jaque esos avances normativos, redundando en una liberalización progresiva del comercio, la globalización de los mercados, la desregulación financiera y laboral, y la predominancia de firmas transnacionales como agentes centrales de poder y transformación productiva (Cordera, 2014; Stiglitz,  2002).
    Así, en los años noventa, la humanidad transitó por dos mundos con agendas en tensión o en abierta contradicción. Por un lado, estaba la agenda normativa de las Naciones Unidas, antes descrita. Por otro lado, había un sistema económico desregulado, en particular en lo que se refería al mundo financiero, cuyos activos se multiplicaban a gran velocidad, con un respaldo cada vez menor en la economía real (Gonzaga Belluzo, 2013 y 2015). Ese sistema priorizó la liberalización comercial, sin tomar en cuenta los problemas específicos de competitividad, equilibrio externo y deterioro ambiental que afectaban a las economías en desarrollo. En esta década también se extendió la aplicación del Consenso de Washington hacia los países de la periferia, lo que debilitó la acción del Estado y redujo considerablemente el espacio de la política pública en lo social y lo productivo.
    Eran dos mundos en contradicción: el que se construía en torno a la agenda normativa de las Naciones  Unidas y el de las presiones para profundizar un estilo insostenible de desarrollo. Más de dos décadas de declaraciones de la comunidad internacional, sin sustento en los medios de implementación acordados en la Cumbre para la Tierra, en Río de Janeiro, en 1992 (financiamiento para el desarrollo, estímulo al comercio, cierre de la brecha tecnológica), resultaron insuficientes para erradicar la pobreza, la desigualdad y el deterioro ambiental. Desde la óptica política, el Principio 7 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, referente a las responsabilidades comunes  pero  diferenciadas,  se  desperfiló  en  las  negociaciones  comerciales      quedó  circunscrito  a  acuerdos
ambientales no vinculantes. Se perdió el reconocimiento de asimetrías explícitas en la implementación de la agenda, que daban lugar a un trato diferenciado  más favorable de acuerdo con las tra ectorias de desarrollo, cediendo lugar al criterio de nivelación del campo de juego, usado en las negociaciones comerciales.
    En el presente hay una ma or conciencia, urgencia e inquietud, porque el tiempo se ha acabado y las sociedades se ven ante el desafío de recuperar una agenda de acción sobre los temas globales. La correlación de fuerzas aún está claramente a favor del estilo dominante y solo un largo y complejo proceso de negociaciones y persuasión permitirá inclinar la balanza a favor del desarrollo  sostenible.



I. Hacia una nueva economía política
Desde el trabajo clásico de Kindleberger (1986) sobre bienes públicos internacionales, se ha atribuido la debilidad de las reglas en la economía mundial a la ausencia o decadencia de una potencia hegemónica. Otros autores han afirmado que la cooperación en torno a intereses comunes puede lograrse, aun en ausencia de una potencia dominante, cuando las señales negativas en la economía internacional son lo suficientemente fuertes para generar una reacción de los actores más importantes16. Ho estas señales a existen bajo la forma de desequilibrios crecientes. Hay una percepción compartida de que el planeta sufre una amenaza cuyas consecuencias pueden ser catastróficas, lo que abre un espacio ma or para la cooperación internacional y para nuevas formas de gobernanza en torno a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo   Sostenible.
    En el mismo sentido, la revolución tecnológica puede ser puesta al servicio del nuevo estilo de desarrollo mediante políticas que reanimen la inversión y la orienten hacia la sostenibilidad y la igualdad. La revolución tecnológica abre nuevos frentes de expansión económica en temas medioambientales (energía renovable, bioeconomía, reducción de las emisiones y eficiencia en el uso de los recursos naturales) y de inclusión social (salud y educación, transporte y espacios urbanos integrados). El momento que atraviesa la economía mundial es oportuno para estimular nuevos frentes: ante la débil recuperación, se hace más necesario mejorar la distribución e incrementar la inversión. El exceso de ahorro y las tendencias al estancamiento secular podrían corregirse mediante inversiones que posibilitaran la transición desde el estilo dominante hacia patrones de producción y consumo menos contaminantes y más inclusivos.
    Las tecnologías y las políticas públicas pueden generar las condiciones necesarias para el desacople entre crecimiento, empleo y emisiones. Una expansión coordinada de las economías con foco en las inversiones, a través de senderos de crecimiento bajo en carbono, sería una forma de keynesianismo ambiental global cuya contrapartida lógica, a nivel nacional, sería un gran impulso (bki rwuh) ambiental17, que estimulara la innovación y el cambio estructural favorables a ese desacople18. El concepto de “gran impulso ambiental” hace referencia a tres características de las inversiones para el desarrollo: la complementariedad entre distintos tipos de inversión, incluso en educación y capacidades tecnológicas; la expansión de los mercados hacia bienes menos intensivos en carbono o en recursos naturales, y la realización de inversiones públicas por un período prolongado, hasta que la inversión privada pueda sostener la expansión.



---
16 En cuanto al papel estabilizador de las grandes potencias, véase Kindleberger (1986). La posibilidad de que ha a cooperación sin hegemonía fue explorada por Keohane (1989). Una discusión de los orígenes y el desarrollo de esta idea se encuentra en Meardon (2014,  págs. 351-374).
17 La expresión hace referencia al modelo de desarrollo y a la expresión planteados por Rosenstein-Rodan (1943). Véase también Bayramoglu y Jackes (2009), Torras (2009) y De Oliveira y Lima    (2015).
18 Existen ejemplos recientes de países que se han movido en esa dirección, en particular Alemania, pero también economías de la periferia como Portugal (véase Harris, 2013, pág. 10), donde el paquete keynesiano de estímulos generó un alivio externo, un punto tradicionalmente importante para las economías en desarrollo en general, para los países de América Latina el Caribe en particular. Pero también se encuentran ejemplos en la región. Nicaragua genera hoy más de la quinta parte de la electricidad (21%) a partir del viento, con lo que se ha situado dentro del grupo de países líderes a nivel mundial en el uso del recurso eólico. Costa Rica logró en 2015 un despacho eléctrico de fuentes renovables casi en un 100%. Fue el primer país en plantear una iniciativa de neutralidad de carbono, que contribuirá a frenar el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y el cambio climático. Este compromiso fue anunciado en 2007 y sus metas se replantearon a finales de 2014. Su cumplimiento implicará cambios profundos en la producción y consumo de energía, siendo el transporte uno de los ejes que requerirán transformaciones ma yores.
---


    El cuidado del medio ambiente tiene que ser considerado en el contexto y como parte inseparable del cambio estructural y el desarrollo19. En las economías que hoy son ricas, el crecimiento produjo un gran impacto ambiental; muchas de ellas son las principales emisoras de gases contaminantes. Por ello, es políticamente difícil que los países pobres renuncien a sus aspiraciones de crecimiento y bienestar para reducir las emisiones. La disminución de las brechas tecnológicas entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo es central para la generación de los dos bienes públicos globales mencionados: la estabilidad para el crecimiento y la protección ambiental. La concentración de los ingresos, la tecnología y las capacidades en los países desarrollados alimenta las migraciones, así como las tensiones y conflictos en distintas partes del mundo, lo que en varios países ha redundado en el resurgimiento de actitudes xenófobas grupos ultranacionalistas. En una entrevista acerca de la crisis de los refugiados emigrantes en Europa, el Premio Nobel de Economía de 2015, Angus Deaton, expresó que ella era el resultado de siglos de crecimiento desigual: lo que estamos presenciando actualmente es el resultado de cientos de años de un desarrollo dispar de los países ricos, que ha dejado atrás a gran parte del mundo —afirmó  (Washington Post, 2015)20.
    La reducción de las brechas es imposible sin nuevas formas de gobernanza global que ayuden a difundir las capacidades tecnológicas requeridas para producir una oferta diversificada y sostenible en las economías en desarrollo. Sin esto, estándares laborales y ambientales más exigentes podrían erigirse como barreras proteccionistas, haciendo inviable el objetivo de reducir las desigualdades globales. Durante mucho tiempo se pensó que el cuidado del medio ambiente era un lujo de los países ricos: “cuanto más rico, más verde” (the richer, the greener);  pero si se vincula el cuidado del medio ambiente con el tema del desarrollo, también es válida la causalidad inversa: “cuanto más verde, más rico” (the greener, the richer) (Galindo, 2010).
    La capacidad de los elencos técnicos y políticos de los gobiernos para promover una ma or cooperación internacional dependerá también de la fuerza y compromiso de los actores internos favorables al cambio de estilo. Hay dos factores que actúan a favor del desarrollo de alianzas en torno a la Agenda 2030 y los ODS dentro de los países y que tienen un papel central para lo que Evans (2008) denomina el nuevo Estado desarrollista del siglo XXI. Por un lado, la construcción de capacidades exige cada vez más la provisión de servicios como los de salud y educación. Si bien el acceso a servicios siempre tuvo un efecto positivo sobre la productividad, la complementariedad entre un Estado que proporciona esos bienes al conjunto de la sociedad el surgimiento de nuevos sectores innovadores es más fuerte que en el pasado21. Por otro lado, los impactos de las nuevas tecnologías sobre el empleo y el mercado de trabajo generan elevados niveles de inestabilidad e incertidumbre: ningún empleo parece estar garantizado ante el progreso técnico y la eliminación permanente de tareas y puestos. Un instrumento adicional a esta oferta para evitar que los trabajadores se opongan al cambio técnico y lograr que se sumen a la construcción de capacidades es el fortalecimiento de los sistemas de ingreso mínimo universal, los seguros de desempleo y los mecanismos de protección y reinserción, así como discutir la posibilidad de reducir la jornada laboral. Esta ha sido la historia exitosa de las pequeñas economías abiertas de Europa, donde la apertura al comercio mundial coexiste con una fuerte presencia del Estado en la protección social y los sistemas nacionales de innovación.
    Mediante la provisión universal de bienes y servicios en materia de educación y salud, y los mecanismos de protección universal, el nuevo Estado desarrollista podría contar con alianzas fuertes. Un Estado de este tipo vincularía mucho más fuertemente el componente de inclusión e igualdad con la expansión de las capacidades y la competitividad. La combinación de nuevas tecnologías con innovaciones orientadas a la inclusión y la protección del medio ambiente ampliaría los espacios y redefiniría las modalidades de pacto social.
    El avance en un sendero de crecimiento menos intensivo en carbono puede producir su propio efecto de “candado” sobre las políticas y la economía política. A medida que las innovaciones que hacen posible el desacople o mitigan los efectos de la contaminación (las tecnologías verdes en general) ganan peso y competitividad en la estructura productiva y de comercio, se conforma un conjunto de firmas con fuerza y escala suficiente para disputar por la influencia política con los intereses ligados al estilo de desarrollo dominante. Este proceso tiene riesgos; es probable que las firmas y países pioneros

---
19       Ya en 1973, Furtado resaltaba que era imposible que todos los países reprodujeran los patrones de consumo del mundo desarrollado.
20 The New York Times  (2015) informa que hay 60 millones de desplazados como consecuencia de la persecución y la guerra, la mitad de los cuales son niños.
21 De acuerdo con Evans (2008), solo un compromiso emprendedor enérgico y eficiente por parte de las instituciones públicas puede lograr el objetivo. A su juicio, los Estados deben encontrar al mismo tiempo la forma de resistirse a la lógica tradicional de la economía política que los lleva a sobreproteger el control de los monopolios sobre las ideas existentes, lo que restringe el acceso a estas ideas su utilización, y reduce el crecimiento y el bienestar. La forma más evidente de iniciar esta acción estatal más enérgica sería favorecer la prestación efectiva de servicios de ampliación de capacidades. Ya que todos los Estados modernos desempeñan un papel fundamental en la provisión de salud y educación, esta es una tarea que, en cualquier caso, atañe a las instituciones públicas.
---


se opongan a la difusión de las capacidades y quieran mantener sus posiciones monopólicas sobre la base de derechos de propiedad y patentes más restrictivas. Pueden conjugar sus intereses privados de maximización de activos competitivos con los intereses mercantilistas de sus gobiernos. Por ello, el desarrollo y la reducción de brechas internacionales no pueden disociarse del componente verde e innovador del nuevo estilo de desarrollo. Sin ese componente, siempre habrá incentivos para la deserción hacia un sendero de crecimiento más contaminante, donde están las ventajas comparativas de las economías en desarrollo.
    En el cuadro I.2 se comparan las tendencias estructurales y las políticas que sostienen el actual patrón de desarrollo (sobre la base de sus impactos en la región) con aquellas que podrían contribuir a un estilo de desarrollo sostenible, destacando el papel de los bienes públicos globales y las políticas internas que están detrás de cada estilo. El foco está en los problemas y externalidades negativos del actual estilo de desarrollo y la dirección de las políticas necesarias para corregirlos. Los principios de integralidad e interdependencia de los avances en distintos frentes se visualizan claramente, destacándose un amplio conjunto de interacciones positivas que podrían generar un efecto de candado de las políticas a favor de los Objetivos de Desarrollo  Sostenible.

Cuadro I.2
                 Estilos de desarrollo: tendencias estructurales, políticas y mecanismos institucionales

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).




    El cambio hacia un estilo de desarrollo inclusivo y sostenible requiere de alianzas políticas y coaliciones que lo sostengan. Aunque se han logrado avances en materia de acuerdos para reducir las emisiones, muy poco se ha hecho en lo referente a la nueva arquitectura financiera o a la coordinación de políticas fiscales expansivas en las grandes economías, casi nada en lo referente a la reducción de brechas entre el mundo desarrollado el mundo en desarrollo. Articular los aspectos ambientales con el desarrollo económico y social, y con la reducción de las brechas de capacidades podría generar nuevos tipos de alianza internas y externas favorables al nuevo estilo de  desarrollo.


Fuente:
Horizontes 2030 - La Igualdad en el Centro de Desarrollo Sostenible - Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40159/4/S1600653_es.pdf

Artículos y temas relacionados que te pueden interesar:

Educación, Ciencia, Tecnología, Innovación, Competitividad, Emprendimiento, Economía y Finanzas.

Informe sobre las Ciencias Sociales en México 2016 - Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (Comecso) y Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT)

Se publican en este volumen los resultados de la primera fase de un proyecto de investigación impulsado por el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (Comecso) y realizado con el apoyo del Fondo de Investigación Básica de CONACyT, de la UNAM y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, cuyo objetivo general es identificar el estado actual de las ciencias sociales en México y evaluar su contribución al desarrollo en las diversas regiones del país durante los últimos 25 años. Para la realización del estudio colaboraron varias instituciones y entidades asociadas al Comecso: la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que se hizo cargo de la administración del proyecto, El Colegio de México, El Colegio de Sonora, El Colegio de la Frontera Norte, el Centro Multidisciplinario de Investigaciones Regionales (CMIR) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara, el Centro de Investigaciones Regionales “HideyoNoguchi” de la Universidad Autónoma de Yucatán y el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM, a los que, a lo largo del levantamiento se sumaron colegas de otras instituciones como el IPADE de Jalisco, la Universidad Veracruzana y la Universidad de Querétaro. Más información en: 

http://observatorio-social-economico-mexico.blogspot.mx/2016/12/informe-sobre-las-ciencias-sociales-en.html

Conoce el Índice Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación INCTI 2015 que elaboró el Centro de Análisis para la Investigación en Innovación, A.C, CAIINNO. Este ranking cubre los 31 Estados y el Distrito Federal. Se consideraron 82 indicadores divididos entre 12 pilares. Ranking por Entidad Federativa. Más información en:

http://observatorio-social-economico-mexico.blogspot.mx/2016/12/ranking-nacional-de-ciencia-tecnologia.html

Informe 2015 sobre la ciencia elaborado por Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT). Contiene un resumen gráfico sobre las tendencias de los indicadores de ciencia y tecnología de América Latina y el Caribe (ALC) e Iberoamérica. Más información en:

http://observatorio-social-economico-mexico.blogspot.mx/2016/12/el-estado-de-la-ciencia-y-tecnologia.html

Modelo Mexicano de Formación Dual de Educación Media Superior y del Tecnológico Nacional de México TecNM Dic 2016: La Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) en coordinación con la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y con la asesoría de la Cámara México - Alemana de Comercio e Industria (CAMEXA) y la experiencia en el tema del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), desarrollaron en 2013 el Modelo Mexicano de Formación Dual (MMFD). El Modelo de Formación Dual del Tecnológico Nacional de México TecNM se define como una representación para entender, cambiar, gestionar y controlar la realidad de formación de capital humano altamente calificado a través de la formación y desarrollo de competencias profesionales en los estudiantes de nivel licenciatura en un ambiente académico-laboral, y su implementación se concibe como una estrategia de carácter curricular flexible que consiste en la adquisición y perfeccionamiento de competencias profesionales del estudiante, definidas en un plan formativo que se desarrolla en ambientes de aprendizaje académico y laboral en coordinación con las empresas del entorno, considerando el enfoque y alcance de los perfiles de egreso. Más información en:
http://observatorio-social-economico-mexico.blogspot.mx/2016/12/modelo-mexicano-de-formacion-dual-de.html

Indicadores educativos internacionales: México y otros países.

Porcentaje de adultos que lograron terminar educación media superior.  Tasa de graduación de educación media superior.  Tasa de graduación de educación superior: Educación superior licenciatura y Educación superior técnica.  Tasa de matriculación de 3 - 4 años de edad; de 5-14 años de edad; de 15 - 19 años de edad y de 20 -29 años de edad.  Gasto total en instituciones educativas como porcentaje del PIB por nivel educativo: Primaria, secundaria y media superior, educación superior, de primaria a superior.  Gasto público educativo: Porcentaje del gasto público y porcentaje del PIB. Más información en:

http://observatorio-social-economico-mexico.blogspot.mx/2016/11/indicadores-educativos-internacionales.html

Estadística Educativa por Entidad Federativa 2015 - 2016. Sistema Educativo Nacional - Secretaría de Educación Pública SEP

Todos los Estados de la República Mexicana. Todos los niveles educativos: Educación básica, preescolar, primaria, secundaria, media superior, superior, capacitación para el trabajo y otros indicadores como esperanza de escolaridad, grado promedio de escolaridad, analfabetismo, eficiencia terminal, tasa de terminación, cobertura, tasa neta de escolarización, etc. Más información en:

http://observatorio-social-economico-mexico.blogspot.mx/2016/11/estadistica-educativa-por-entidad.html

Las mejores universidades mexicanas según QS University Rankings Latin America 2016. Más información en:

http://observatorio-social-economico-mexico.blogspot.mx/2016/10/las-mejores-universidades-mexicanas.html

El Índice Nacional de Competitividad de México (INC) permite evaluar la política pública en materia de competitividad a través del tiempo, además de examinar, de forma más precisa y oportuna, los elementos que tienen influencia sobre la misma. Esto convierte al INC en un instrumento complementario de otros indicadores de competitividad, principalmente aquellos que comparan a México con otros países. Conoce el INC 2016 .. visita:

http://observatorio-social-economico-mexico.blogspot.mx/2016/11/indice-nacional-de-competitividad-inc.html

Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE) 2016. Resultados Generales IIPE 2016 por Entidad Federativa - Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Más información en: http://observatorio-social-economico-mexico.blogspot.mx/2016/10/resultados-generales-iipe-2016-por.html

Reporte sobre las Economías Regionales - Banco de México (BANXICO) Dic 2016

En este documento se analiza el desempeño económico y la inflación de las regiones (Zona Norte, Centro Norte, Centro y Sur) en el tercer trimestre de 2016, así como las perspectivas de directivos empresariales sobre la actividad económica regional y la inflación en los siguientes doce meses. Más información en:

http://observatorio-social-economico-mexico.blogspot.mx/2016/12/reporte-sobre-las-economias-regionales.html

2017 Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo - World Tourism Organization (UNWTO).  El Año Internacional aspira a sensibilizar a los responsables de tomar decisiones y al público en general de la contribución del turismo sostenible al desarrollo, movilizando a la vez a todos los grupos de interés para que trabajen juntos para hacer del turismo un catalizador de cambio  positivo.  La OMT invita a los Gobiernos, al sistema de las Naciones Unidas y a otras organizaciones internacionales y regionales, incluidas instituciones financieras, sector privado, universidades, sociedad civil y agentes turísticos (incluidos los miles de millones de turistas que viajan cada año dentro de sus países y de unos países a otros) a que participen en la celebración del Año Internacional. Más información en:

http://observatorio-social-economico-mexico.blogspot.mx/2016/12/2017-ano-internacional-del-turismo.html

Página Principal

Observatorio Social y Económico de México

http://observatorio-social-economico-mexico.blogspot.mx/

C.P. Raúl Mendoza Alcocer - Coordinador General